Investigadas 40 personas y empresas por 41 construcciones ilegales en suelo rústico de Utrera

Utrera | Actualidad La Guardia Civil ha investigado a 40 personas físicas y empresas, por 41 construcciones ilegales en suelo rústico en la localidad de Utrera.

Dicha investigación la realizó el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) a finales de 2022 con una serie de inspecciones sobre una parcelación ilegal, formada por 41 subparcelas en suelo rústico, coordinando actuaciones con el Departamento de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Utrera.

En esta actuación policial de la Benemérita fueron detectadas infracciones administrativas contra la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, siendo estas remitidas al Ayuntamiento de Utrera, continuando la investigación, a su vez, con la instrucción de las oportunas diligencias por presuntos delitos contra la ordenación del territorio.

Estos presuntos delitos han sido por realizar actos de urbanización, edificación y construcciones en suelo rústico no urbanizable dado que las obras carecían de licencias y proyectos, siendo las obras no legalizables ni compatibles con las normas urbanísticas aplicables en Andalucía.

La dificultad del trabajo en esta investigación policial derivó del alto número de subparcelas inspeccionadas y de la dificultad de la localización de las personas implicadas que han tratado de obstaculizar la investigación, al no facilitar datos ni documentación relativa a la titularidad de los terrenos, teniendo que ampliar los agentes de la Guardia Civil que conseguir esta información en los distintos registros de urbanismo, de la propiedad, el catastro o el registro mercantil.

Las actuaciones han derivado en la investigación de 40 personas, tanto físicas como empresas promotoras y constructoras de Utrera relacionadas con los hechos.

El uso de este suelo donde se han realizado las construcciones es agrícola y no residencial, por lo que las zonas donde antes existían huertas de árboles frutales, cultivos y olivares, se están convirtiendo de manera ilegal en zonas residenciales sin la debida autorización urbanística.

Esto acarrea un uso excesivo y descontrolado de las aguas subterráneas para abastecer dichas parcelaciones ilegales, resultando una situación análoga con los vertidos que se producen y por las aguas residuales que se generan en las nuevas construcciones ilegales, al ser zonas que carecen de los servicios básicos, entre otros, el de alcantarillado.