El alcalde realiza un balance muy satisfactorio de la Oficina de Defensa de la Vivienda de Los Palacios y Villafranca

Los Palacios | Actualidad Desde su apertura en 2013, la Oficina de Defensa de la Vivienda del Ayuntamiento palaciego, que ha gestionado un total de 1825 expedientes, se ha convertido en un departamento destinado a asesorar y auxiliar jurídica y socialmente a las familias más vulnerables de la localidad. Hoy, el alcalde Juan Manuel Valle hacía un balance “muy satisfactorio” de lo conseguido en estos siete años.

En la Sala de Juntas del Consistorio se reunían el alcalde, Juan Manuel Valle, la delegada municipal de Bienestar Social, Carmen María Molina, y la directora de la Oficina de la Vivienda, María Encarnación Caballero.

El objetivo era hacer balance del trabajo realizado por este departamento municipal desde que se creara en el año 2013, en virtud de un convenio firmado entonces con la Junta de Andalucía con el objetivo de asesorar al consumidor de un préstamo hipotecario sobre las posibles reclamaciones a interponer ante cualquier falta de información o abuso por parte de las entidades bancarias.

Después de siete años trabajando, la Oficina de la Vivienda ha gestionado un total de 1825 expedientes y se ha convertido en un departamento destinado a asesorar y auxiliar jurídica y socialmente a las familias más vulnerables de la localidad ante la posible pérdida de su vivienda incluso en los procesos judiciales que las entidades bancarias o cualquier otra entidad interpongan para desahuciarlos.

Para el alcalde, se trata de un balance muy positivo, del análisis de los casos atendidos desde 2013 con diferentes escenarios normativos, se desprende que en materia de desahucios, “se ha evitado el lanzamiento de un gran número familias de especial vulnerabilidad, y que se han visto en situaciones de imposibilidad de hacer frente a su hipoteca por diversos motivos, desde la complejidad de la anterior crisis, entre los años 2013-2015, con un mayor índice de desempleo, que afectaron a muchas familias trabajadoras y a autónomos que se vieron obligados a cerrar sus negocio, y por tanto, con muchas dificultades para hacer frente a sus hipotecas, a este nuevo escenario provocado por el Covid-19”.

“En muchos de esos casos la banca ha actuado con pocos escrúpulos, sin tener en cuenta que detrás de esos expedientes había personas que estaban a punto de perder sus viviendas sin tener otra alternativa habitacional”.

De esta manera, a través Oficina de Defensa de la Vivienda “se han ido consiguiendo importantes logros que ponen de manifiesto cómo el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca está siendo muy sensible a todas estas situaciones, manteniendo recursos humanos importantes al servicio del pueblo, adaptándonos a una normativa y jurisprudencia en evolución permanente”, ha asegurado Valle.
En este sentido, durante todos estos años la casuística atendida ha sido innumerable y muchos los cambios legislativos sufridos teniendo que adaptar la gestión destinada a salvar la vivienda de las familias en exclusión social a cada uno de estos cambios normativos. En un principio y hasta 2018, la Oficina sólo podía intervenir en las situaciones derivadas de la falta de pago de los préstamos hipotecarios para, posteriormente a esta fecha con la nueva legislación, poder hacerlo en cualquier procedimiento del que se derive el lanzamiento de una familia en situación de vulnerabilidad.

Respecto a los préstamos hipotecarios, el auxilio jurídico ofrecido a las familias ha consistido, desde el asesoramiento ante cualquier cláusula abusiva contenida en la escritura pública de hipoteca hasta la paralización de los lanzamientos en los procedimientos de ejecución hipotecaria señalados por los Juzgados del Partido Judicial de Utrera, pasando por alcanzar acuerdos con las entidades bancarias a fin de realizar modificaciones de dichos préstamos destinados a facilitar su pago y, por consiguiente, evitar la pérdida de la vivienda.

Así se han tramitado 709 reclamaciones ante las entidades bancarias por cláusulas abusivas. Esas reclamaciones han forzado a las entidades bancarias a aceptar una modificación en el clausulado del contrato de préstamo lo que ha conllevado, no sólo a una devolución económica por parte de la entidades bancarias de lo cobrado indebidamente a los usuarios con sus intereses, sino también una disminución en los recibos mensuales de hipoteca facilitando con ello el pago de la misma y, en consecuencia, la permanencia en las viviendas.

Además de esto, la Oficina ha intervenido, buscando soluciones jurídicas, en la tramitación de 86 expedientes de los conocidos como Código de Buenas Prácticas Bancarias con la suspensión de la hipoteca durante un plazo máximo de 5 años quedando, durante dicho periodo, una cuota mensual máxima de unos 75 euros, y otros 48 expedientes de Daciones en Pago, en este último caso las familia se han quedado en su vivienda con un alquiler social, también negociado y tramitado desde la Oficina, que, en algunos casos, han sido incluso, sufragado en gran parte y durante los primeros 3 años por fundaciones bancarias.

No obstante, el trabajo más importante que desde la misma se desarrolla es aquel que se realiza en los procedimientos judiciales destinados a desahuciar a las familias de sus viviendas a partir de la entrada en vigor de la Ley 5/2018, de 11 de junio, que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil. Estos procedimientos exigen un seguimiento exhaustivo y periódico de los mismos en los Juzgados de Utrera a fin de conseguir que las familias permanezcan en sus viviendas sin coste alguno y mientras no se les encuentre una alternativa habitacional.
A día de hoy se están gestionando un total de 199 expedientes judiciales de desahucios, de los cuales 89 tienen ya lanzamientos señalados o pendientes de señalar en breve.

En este balance se destaca también la gestión realizada por la Oficina durante los más de tres meses del estado de alarma decretado por el Gobierno de la Nación. En ese tiempo se han tramitado 64 moratorias de hipoteca; 166 moratorias de arrendamiento pequeño tenedor; 34 moratorias de arrendamiento gran tenedor; 34 moratorias de arrendamiento local comercial; 3 prórrogas de alquileres sociales; 88 solicitudes de préstamos avalados por Estado para arrendamiento vivienda. Lo que supone un total de 389 expedientes.

Desde la Oficina se han tramitado además 293 expedientes de subvenciones de alquiler de las convocatorias convocadas por la Junta de Andalucía para los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018.