El alcalde palaciego apoya a las organizaciones agrarias y agricultores del Bajo Guadalquivir afectados por la PAC en el periodo transitorio 2021/2022

Los Palacios | Actualidad El alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Mauel Valle, ha mantenido una reunión con representantes de la Asociación de Agricultores, Ganaderos y Manchoneros del Bajo Guadalquivir (AGAMA).

Dicha reunión ha servido para analizar la repercusión del real decreto de transición de la Política Agraria Común (PAC) aprobado por el Ministerio de Agricultura en un municipio como Los Palacios y Villafranca, donde la agricultura representa uno de los más importantes motores económicos.

El alcalde se ha mostrado preocupado porque “la actual reforma ha despertado el rechazo unánime de todas las organizaciones agrarias de Andalucía. Todas coinciden en que no era necesario aplicar esta propuesta del ministro Luis Planas en 2021 y 2022 de una manera tan tajante, y cerrando la posibilidad de negociar para amortiguar los efectos de las medidas que vienen implantadas desde Europa pero para las que hay margen para la negociación y que no se ponga en peligro el futuro de la agricultura en zonas como la nuestra”.

Para el alcalde, el Bajo Guadalquivir es la zona más castigada de toda España por la nueva normativa de la PAC, “es una zona en la que se pone en peligro el futuro de nuestro modelo tradicional de explotaciones”.

“Una comarca como la nuestra es muy rica en diversidad de cultivos, tanto de extensivos como de frutas y hortalizas, y este modelo se pone en peligro con esta reforma, pues va a suponer una merma en las cantidades que perciben los agricultores desde estos años 2021-2022 y el golpe va a ser durísimo, tanto que va a hacer peligrar el futuro de nuestras explotaciones y muy especialmente en cultivos como el algodón, la remolacha y el tomate industrial”, ha declarado Valle.

“Precisamente estos cultivos acumulan derechos históricos por haber recibido los golpes más duros de la Organización Común de Mercados Agrícolas (OCM) que venían de Europa con la permisividad de unos y otros Gobiernos de España”.

El alcalde de Los Palacios ha expresado su gran preocupación “porque la PAC tiene una gran repercusión en el desarrollo y futuro de la agricultura de nuestro pueblo: hay muchos jóvenes agricultores y explotaciones que se han profesionalizado y están acometiendo importantes inversiones en la modernización del sistema de producción. Es golpe tras golpe a la agricultura”.

“Se está haciendo un esfuerzo en modernización para amortizar los costes de producción que no paran de subir, además de para compensar la merma de los precios que son los mismos desde hace 30 años. Esta situación no se puede permitir si además le añadimos este nuevo golpe”, expresaba Valle.

El alcalde ha recordado que en Los Palacios y Villafranca ya se realizó una declaración institucional en el pleno respaldando lo manifestado por unanimidad por todas las organizaciones agrarias y que instaba al Gobierno de España a que se dejara a un lado el decreto aprobado en diciembre “porque hay posibilidades de negociar hasta 2023, y no aplicar sin anestesia estas nuevas medidas que van a hacer tambalear el futuro de la agricultura en nuestra zona”.

El alcalde palaciego declaraba entonces que “no nos vamos a quedar de brazos cruzados, las organizaciones agrarias y los agricultores de nuestro pueblo cuentan con todo nuestro apoyo y vamos a mover lo que sea necesario para que el Gobierno y el ministro Luis Planas de marcha atrás y entre en razón.”

“Entendemos que hay maneras de amortiguar el efecto negativo de estas políticas comunitarias sobre nuestras explotaciones y dar margen para que se pueda negociar otros mecanismos de compensación que hagan que las mermas en las ayudas no sean tan graves, ni pongan en peligro el futuro de un sector que para el desarrollo y el futuro de nuestro pueblo y para toda la comarca del Bajo Guadalquivir es fundamental”, ha expresado Valle.

Por su parte, Juan Diego Gavira, secretario de AGAMA, puntualizaba que la reforma de la PAC aprobada hasta 2020 no se prevé hasta el año 2023, por lo que los años 2021 y 2022 serían un periodo transitorio en el que se ha prorrogado la normativa anterior.

“Por lo que el ministro Luis Planas, por su cuenta y riesgo, sin tener en cuanta a Europa, ha aprobado un real decreto por el que se perjudica a las explotaciones profesionales y familiares y más concretamente a las explotaciones de nuestra zona, con un modelo de agricultura muy intensificada, con pequeñas explotaciones de mano de obra familiar”, explicó Gavira.

El secretario de AGAMA añadía que “para un pueblo como Los Palacios y Villafranca, el nuevo R.D. va a suponer una disminución de las ayudas de entre 5 y 6 millones de euros anuales y de un día para otro”.

De esta manera, desde AGAMA, se precisa que miles de explotaciones familiares verán fuertemente reducidos sus importes de ingresos de la PAC, entre el 10 % y el 40 % con la aplicación de este R.D. y la asignación de los nuevos importes de Pago Básico, por lo que las manifestaciones del ministro donde expone que tan solo el 1 % de los beneficiarios PAC resultarán damnificados con ese umbral de recorte, parecen un ataque frontal al modelo de agricultura profesional y familiar del Bajo Guadalquivir.

La organización manifiesta que esto es un ataque frontal a estas economías familiares, que han debido que afrontar las distintas reformas agrarias producidas hasta la fecha, perdiendo tejido empresarial y productivo, y por el contrario abocadas a realizar fuertes inversiones en modernización, a fin de ser competitivas.

“Estas características hacen de nuestro modelo de agricultura profesional, además de un elemento de cohesión social y apego al territorio, diferenciador del modelo propio de otras regiones en las que la despoblación se ha convertido en un problema de primer nivel para el futuro de las mismas”, expone AGAMA

Insiste también en que “el Bajo Guadalquivir es la comarca española que ha sufrido una mayor reestructuración tras las reformas de la PAC del 2004 y del 2014. Los cultivos principales de la zona como el algodón, remolacha azucarera y tomate industrial sufrieron una bajada de precios drástica que se compensó a los agricultores con la asignación de derechos de Pago Único/Pago Básico con unos importes superiores a la media de la región en la que se localizaban”.

AGAMA resalta igualmente que en el año 2000, previo a la primera gran reforma, el precio de venta del algodón rondaba 1,20 €/kg, precio que difiere en demasía de los precios abonados en el 2020 que han sido 0,40 €/kg. Por otra parte, en el caso de la remolacha azucarera, en aquellos años 2000 la remolacha se liquidaba a 48 €/Tn, mientras que en la actualidad la liquidación se ha producido a 26 €/Tn. Caso parecido ocurría con el tomate de industria que se liquidaba en aquel entonces a 108 €/Tn, y hoy día se les está liquidando a los agricultores a 70 €/Tn.

Estas importantes pérdidas de precio, explica AGAMA, son las que se complementaron con los derechos de pago Único/Pago Básico superiores a la media, a fin de corregir estas pérdidas tan importantes de rentabilidad de las explotaciones.

El pasado martes 27 de enero, los agricultores del Bajo Guadalquivir perdieron entre un 10 y un 40 % de la rentabilidad de sus explotaciones tras la publicación del RD por el gabinete del ministro Planas. Esta situación ya puede ser visualizada a día de hoy por los agricultores en la página web del FEGA, por lo cual el discurso del ministro de práctica laxitud de los cambios, se cae por inconsistente”, han señalado desde la organización.

Según esta Asociación de Agricultores, Ganaderos y Manchoneros, de no corregirse esta situación con rapidez, se producirá el desmantelamiento del entramado de explotaciones profesionales familiares del Bajo Guadalquivir, por lo que se demanda una acción inmediata por parte de los partidos políticos integrantes del gobierno “a fin de corregir el despropósito creado con la implementación de estos cambios normativos, los cuales además no son imposición inmediata por Europa, o en su caso plantear una compensación a tal perdida injustificada”.